Preguntas Frecuentes

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Espacio que, en condiciones naturales, provee de servicios ecosistémicos relevantes o cuyos ecosistemas, hábitats, especies, paisajes o formaciones naturales presentan características de unicidad, escasez o representatividad, y en el cual se pueden aplicar una o más medidas de gestión para la conservación, tales como: declaración de sitios prioritarios; declaración o reconocimiento de áreas protegidas; planes de recuperación, conservación y gestión de especies nativas; medidas o planes de prevención, control, contención y erradicación de especies exóticas.

Los sitios prioritarios para la conservación se definen como aquellos espacios geográficos que, en condiciones naturales, son relevantes para la biodiversidad del país, ya que proveen de servicios ecosistémicos importantes o cuyos ecosistemas, hábitats, especies, paisajes o formaciones naturales presentan características particulares de unicidad, escasez o representatividad, y en el cual se pueden aplicar una o más.

Según CBD, se entiende como un área definida geográficamente que ha sido designada o regulada y administrada a fin de alcanzar objetivos específicos de conservación.

De acuerdo a la UICN, corresponde a un espacio geográfico claramente definido, reconocido, dedicado y gestionado, mediante medios legales u otros tipos de medios eficaces para conseguir la conservación a largo plazo de la naturaleza y de sus servicios ecosistémicos y sus valores culturales asociados.

De acuerdo a la definición de TNC, se entiende por áreas protegida una parcela de terreno (o un cuerpo de agua) que se caracteriza por los siguientes rasgos: i) tiene límites definidos; ii) es manejada y protegida por un individuo o entidad identificable, usualmente una agencia de gobierno. Cada vez más, sin embargo, los gobiernos delegan la responsabilidad de las áreas protegidas a otras entidades privadas, públicas o una combinación de ambas; iii) ha establecido objetivos de conservación que su dirección lleva adelante.

El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) es un tratado internacional para proteger la diversidad de la vida en la Tierra, que se abrió a la firma en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD), en Río de Janeiro, en junio de 1992, y entró en vigor en diciembre de 1993.

El Convenio estableció tres órganos para velar por el funcionamiento práctico: la Conferencia de las Partes (COP), el Órgano subsidiario de asesoramiento científico, técnico y tecnológico (SBSTTA, por sus siglas en inglés) y la Secretaría (SCBD, por sus siglas en inglés) con sede en Montreal, Canadá. El Convenio estableció, además, un mecanismo financiero para la provisión de recursos financieros a los países en desarrollo, incluyendo un mecanismo de facilitación (CHM, por sus siglas en inglés) para la cooperación científica y técnica. Actualmente, son 190 las Partes del Convenio, cada una representada por un Punto Focal Nacional (NFP, por sus siglas en inglés). Estos NFP suelen ser funcionarios gubernamentales de los respectivos ministerios de ambiente.

Los objetivos del Convenio son la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos, mediante, entre otras cosas, un acceso adecuado a esos recursos y una transferencia apropiada de las tecnologías pertinentes, teniendo en cuenta todos los derechos sobre esos recursos y a esas tecnologías, así como mediante una financiación apropiada.

El Registro Nacional de Áreas Protegidas y Sitios Prioritarios (RNAPSP) tiene el objetivo de contribuir a la mantenciónde un sistema nacional de información ambiental de carácter público (artículo 70, Ley N° 19.300/94) y de dar cumplimiento al principio de transparencia de la función pública(Ley N° 20.285/08 sobre Transparencia de la Función Pública y Acceso a la Información de la Administración del Estado). Con la entrada en vigencia de la Ley N° 20.417/2010 que crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente, y en virtud de lo establecido en el artículo 31 bis, de la Ley N° 19.300, se establece la necesidad, para el Ministerio del Medio Ambiente, de contar con un sistema de información unificada, fidedigna, accesible y pública sobre las áreas protegidas y la diversidad biológica.

Este registro es el resultado del trabajo de diferentes profesionales, quienes en distintos sectores de la institucionalidad de manejo y protección de la biodiversidad nacional y regional, han levantado y generado información legal, de gestión y relativa a biodiversidad de cada área protegida localizada en el territorio nacional de Chile y que el Ministerio del Medio Ambiente se ha propuesto compilar y difundir a la ciudadanía.